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El poder entre barrotes

Pablo Iglesias no está en el Gobierno pero sí en el poder, y desea que se le note. Con su tendencia a la sobreactuación aparenta más influencia de la que acaso tenga, pero entre la que tiene de verdad, la que se toma él y la que imposta, se las apaña para lucir galones sin que Sánchez ponga límite a esa exhibición que lo reduce al rango de jefe nominal de un Gabinete fantoche. La visita a Lledoners, que más que una cárcel parece una feria de tratantes o un zoco de favores, ha puesto al presidente ante la humillación de permitir que sus socios de investidura negocien su futuro (el de él) entre barrotes. He aquí un partido de Estado utilizando a radicales y golpistas como colaboradores para que chalaneen con asuntos de la nación en su nombre. Desde el aquelarre felipista ante la prisión de Guadalajara no se había visto en una situación tan denigrante al PSOE. La entrevista carcelaria entre Iglesias y Junqueras reproduce el guión de la que mantuvieron en verano de 2017 en casa del millonario Roures, aunque haya empeorado la calidad de la cena. Entonces se trataba de diseñar un esquema para que Cataluña girase en torno a una triple alianza de izquierdas, en la que la tercera pata era el PSC del obligado ausente Iceta. El diseño se rompió porque el dirigente separatista sintió la llamada telúrica de la independencia, pero el libreto quedó sobre la mesa. Ahora el plan contempla un reparto de poder en España entera al amparo de la nueva correlación de fuerzas, que deja al Gobierno necesitado de más de una muleta. Es probable que el presidente prefiriese una transacción política con mayor reserva, pero al líder de Podemos no le cuadran las formas circunspectas. Le gusta el protagonismo y cuando asume un papel quiere que se sepa. La publicidad de los hechos consumados forma parte esencial de su estrategia. Y esa estrategia es la de adjuntarse a Sánchez como cooperador necesario para compensar la previsible tendencia al voto útil de su propio electorado. Le está imponiendo una coalición de facto a un presidente incapaz de salir del atasco de su minoría de 84 escaños, y al que le va a resultar difícil zafarse del abrazo… salvo que convoque pronto las elecciones que más de medio país le viene reclamando. La idea de que este Gobierno es para los independentistas un mal menor necesario no va a colar -y ayer lo demostró Junqueras- si no ofrece nada a cambio. ERC quiere prendas visibles, no promesas a medio plazo, para quebrar sus acuerdos con el iluminado de Waterloo. Y en materia de gestos de benevolencia penal, el Ejecutivo dispone de un margen bastante limitado. De la performance carcelaria de Lledoners sale una conclusión evidente: los dos interlocutores tienen la llave de este mandato, y tal vez del siguiente, en sus manos. Sánchez ya sabe el precio de su permanencia en el cargo y sólo él puede decidir si está dispuesto a pagarlo.

¡Algo normal!

Cada viernes al mediodía me planto ante una tele con un boli y me preparo para el asombro. Y reconozcamos que Isabel Celaá, esotérica ministra portavoz de Sánchez, jamás defrauda. A veces surgen lances de astracán, como cuando intentó emular a Gila: «Las bombas son de alta precisión y no se van a equivocar matando yemeníes». En otras ocasiones se viene arriba: «¡Este Gobierno está regenerando la democracia en todos los frentes!». Cierto, regeneración a tope. Siete ejemplos: 1.-Toma por decreto de la televisión pública para someterla al sanchecismo. 2. -El presidente no votado se niega a informar sobre cuánto costaron los vuelos-fiestuqui de los Killers y a comparecer para explicar las trampas de su tesis. 3. -Intento de anular de facto el Senado -porque el PP tiene allí mayoría-, vulnerando así la Constitución. 4. -Nula reacción ética ante el escaqueo fiscal del ministro cosmonauta, la multa de la CMNV a Borrell y el cachondeo festivo junto a un policía corrupto de una fiscal a la que Sánchez ha hecho ministra de Justicia. 5. -Alianza anticonstitucional para sostener a Sánchez mediante el apoyo de los separatistas que dieron un golpe de Estado hace un año (frenado por el 155 con apoyo de Sánchez, quien ahora se alía con aquellos a los que combatía). 6. -Aberrantes tropelías jurídicas, como fumarse la Ley de Seguridad, todavía en vigor, con una simple circular de Interior a la Policía (que está francamente irritada). 7. -Un socio preferente de Gobierno, Iglesias, que quiere abolir la monarquía y «el Régimen del 78» y busca plácet para los Presupuestos de España en la celda de un golpista. Ayer Celaá convirtió la rueda de prensa del consejo de ministros en un mitin, algo insólito. Flageló a PP y Ciudadanos, a los que llamó desleales y exigió que no critiquen a Sánchez. Ramalazos autoritarios, que reflejan una forma de ver el mundo: quien no comparte el izquierdismo obligatorio es un mal ciudadano, ergo criticar a Sánchez, epítome del progresismo, es de políticos viles. Mientras la ministra regañaba a los partidos constitucionalistas, el comunista antisistema Iglesias viajaba a la cárcel para apañarle los presupuestos a su socio Sánchez en una inadmisible cumbre con los golpistas xenófobos presos. De eso, Celaá, ni una queja. Y así discurren los días bajo una impostura no votada que está horadando nuestra democracia. Por eso retumbó como un toque de cordura y un alivio una sencilla frase del Rey anoche en Oviedo: «Democracia y libertad es lo que representa y significa para España, para el pueblo español, nuestra Constitución». A pesar de la simulación que soportamos, estoy seguro de que una inmensa mayoría de españoles comparten sus palabras (de ahí que Felipe VI sea un objetivo de la izquierda antisistema y los separatistas). Y por eso acabo con lo que me pide el ánimo: ¡Viva el Rey!

Así será la misión BepiColombo a Mercurio, paso a paso

La Agencia Espacial Europea (ESA) y La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) han lanzado la misión BepiColombo al planeta Mercurio esta madrugada. Si todo va bien, esta se convertirá en la tercera nave en explorar Mercurio, el planeta más próximo al Sol y, por tanto, el más castigado por su radiación. Además será la misión más compleja emprendida por la ESA. BepiColombo tiene un interés especial porque Mercurio es uno de los planetas más desconocidos del Sistema Solar. Los científicos quieren estudiar el origen y la evolución del planeta, analizar las propiedades de su superficie y su interior y aprender sobre su campo magnético y su atmósfera. La misión también se caracteriza por su complejidad. En realidad, BepiColombo está compuesta por dos sondas distintas: una nave diseñada por la ESA y llamada «Orbitador Planetario de Mercurio» (MPO, por sus siglas en inglés) y una parte diseñada por la JAXA y llamada «Orbitador Magnetosférico de Mercurio» (MMO). Composición de la misión BepiColombo: de izquierda a derecha, un módulo propulsor (MTM), un orbitador europeo (MPO), un escudo solar y un orbitador japonés (MMO) - ESA Las dos sondas volarán juntas hasta Mercurio ensambladas a un segmento de la nave que funcionará como impulsor y que se llama «Módulo de Transferencia a Mercurio» (MTM). La misión tendrá que tomar una ruta indirecta para llegar a Mercurio. Su travesía durará más de siete años y dos meses y alcanzará los 9.000 millones de kilómetros. Además, la nave tendrá que hacer varias maniobras de «asistencia gravitacional», a través de las cuales la sonda aprovechará la gravedad de los planetas para moverse de la forma deseada. En total, la BepiColombo sobrevolará la Tierra una vez, Venus en dos ocasiones y Mercurio en seis antes de entrar en la órbita de su planeta destino, el 5 de diciembre de 2025. Aprovechará estos encuentros con los planetas para tomar algunas medidas de Venus y Mercurio y para calibrar los instrumentos, pero fundamentalmente los hará por necesidades de la órbita. Ya en marzo de 2026 comenzarán las operaciones científicas. Está previsto que duren un año entero (más de cuatro años en Mercurio), y que se extiendan otro más. La misión, paso a paso Paso a paso, las etapas de la misión serán las siguientes: -Lanzamiento desde un cohete Ariane 5 desde Kurú, en Guayana Francesa. Un año y medio más tarde, la sonda se pondrá en órbita heliocéntrica. -Fase de crucero, durante siete años, usando propulsión iónica (que se alimenta de la energía captada por un gran panel solar, de 30 metros de envergadura). -Antes de la llegada a Mercurio, el 5 de diciembre de 2025, eyección del módulo de transferencia (el bloque propulsor de la BepiColombo). -Inserción en la órbita del planeta, el 16 de marzo de 2026, gracias a los motores del bloque europeo de la nave (MPO). -Liberación del escudo solar primero y del módulo japonés (MMO) después. -Inserción de MPO en la órbita, usando las últimas reservas de combustible de los propulsores. -Operaciones científicas durante un año, extensibles a otro más. La primera fase finalizará el 1 de mayo de 2027, la segunda, el 1 de mayo de 2028.

La Administración revocará las licencias de Uber y Cabify que cometan cinco infracciones «muy graves» en un año

Los planes del Gobierno para las licencias de vehículos de turismos con conductor (VTC) no solo pasan por dejar en manos de las comunidades y los ayuntamientos sus competencias. El Ejecutivo tiene previsto endurecer el régimen de sanciones de estas autorizaciones, incluyendo incluso la revocación de licencias por parte de la Administración competente cuando se cometan en un mismo año cinco infracciones tipificadas como muy graves. La medida quedará articulada a través de un anteproyecto de ley que modificará la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). El borrador de este anteproyecto, al que ha tenido acceso ABC, añade tres nuevas infracciones al régimen sancionador vigente. Cualquiera de ellas puede ocasionar la mencionada suspensión de licencias. ¿Cuáles son estas nuevas faltas? Para empezar, las VTC no podrán iniciar un servicio «en un ámbito territorial distinto de aquel en que resulte obligatorio hacerlo o, en su caso, se incumplan las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en el que se encuentre domiciliada la autorización». Antes, este tipo de licencias podían realizar el 20% de sus trayectos fuera de la región que eran concedidas. Era la conocida habitualidad, que quedó derogada con la cesión del sector a las comunidades. Además de ello, el titular de la autorización deberá inscribir los datos de un servicio en el registro electrónico de comunicaciones de VTC de la DGT antes de realizarlo. El Gobierno pretende poner en funcionamiento este listado, perfilado por el anterior Ejecutivo, antes de que concluya el año. Por último, el anteproyecto de ley también recoge como falta la «recogida de clientes que no hayan contratado previamente el servicio, así como el incumplimiento de cualesquiera otras condiciones de prestación» establecidas en esta ley y en el real decreto-ley aprobado el pasado 28 de septiembre. Hay que recordar que muchas asociaciones de taxistas habían criticado que los vehículos de Uber y Cabify estaban recogiendo clientes en la vía pública que no habían solicitado sus servicios. De igual forma, el nuevo anteproyecto de ley modifica el apartado 143.4 de la LOTT para incluir la posibilidad de que cualquier vehículo que realice alguna de estas tres infracciones pueda ser inmovilizado «hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción». Además, se incrementan las multas por infracciones como incumplir la legislación aplicable en materia de tiempos de conducción y descanso de los conductores desde una horquilla entre 600 y 800 euros a otra que va de los 1.000 a los 2.000 euros. Por contra, se derogan dos infracciones graves. Por un lado, se revoca la norma que prohíbe el alquiler de VTC «fuera de las oficinas o locales que reglamentariamente se determinen, así como la búsqueda o recogida de clientes que no hayan sido contratados previamente». Además, dejará de ser sancionable la salida de los vehículos «del lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados los vehículos sin llevar a bordo la documentación exigible o llevándola incorrectamente cumplimentada». Esta norma seguirá una tramitación distinta a la que tendrá que afrontar el real decreto-ley aprobado a finales de septiembre, que dejará en manos de las comunidades las competencias sobre las VTC si es apoyado por el Congreso el próximo jueves. El taxi se había mostrado a favor de estas nuevas sanciones, aunque reclamaba que fueran tres y no cinco el número de infracciones anuales que conllevan la revocación.

Mingote y el Arte Moderno

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«Frente a la música de “The Crown” somos David contra Goliat»

La vida de Manel Santisteban (Madrid, 1956) daría para una serie. Premiado músico de jazz, fue arreglista de José María Cano y llegó a dirigir «Hijo de la Luna» ante Montserrat Caballé y la English Chamber Orchestra en Londres. También vivió momentos menos solemnes, al piano de La Década Prodigiosa en los ochenta –ya querríamos quedar ahora en el mismo puesto en Eurovisión– o vestido de lenjetuelas con Tino Casal. Hace dos décadas cambió los escenarios por el cine y la televisión, donde es uno de los grandes. «Estuve delante y elegí estar detrás. Me gusta más crear desde el anonimato. Ahora estoy más feliz», asegura Santisteban a ABC desde Croacia, donde esta noche opta al premio Camille por «La casa de papel», junto con Iván Martínez Lacámara. El galardón, en su primera edición, es heredero del que otorgaba la Berlinale, rebautizado en honor al compositor francés Camille Saint-Saëns. Los españoles compiten en la categoría de mejor música original para una serie, aunque están convencidos de que no tienen opción ante «The Crown» , de Lorne Balfe y Rupert Gregson-Williams. El danés Jacob Groth (autor de «Millennium») es el tercero en discordia por «Modus». «”The Crown” tiene todo el peso del mundo. Se lo van a llevar claramente. Ellos, además, hacen la banda con orquesta y diez veces más presupuesto. Trabajan con unas 30 personas. Nosotros somos dos. Somos David contra Goliat», explica Manel Santisteban. Y si poner música a unas imágenes ya es estar detrás de los focos, con las series a menudo la gente ni repara. En «La casa de papel», la canción que más se recuerda es el «Bella ciao». «Es el himno de la serie por su carácter revolucionario y ha calado», admite el compositor, «pero también la cabecera, “My life is going on”, lleva 62 millones de escuchas en Spotify y sí es nuestra». El principal obstáculo al que se enfrentan es la falta de medios y de tiempo, mitigada en parte por la tendencia a reducir la duración de los episodios. «Lo hacemos todo con ordenadores, con cinco días por capítulo, pero tenemos mucha práctica, son más de mil ya». Una orquesta de verdad «requiere presupuestos que no se ven fuera del cine». «Isabel», una excepción, se hizo grabando primero, sin las imágenes. «Eso es prêt-à-porter, no un traje a la medida». Enlazar éxitos «Médico de familia», «Periodistas» (ya con Iván Martínez), «Un paso adelante», «7 vidas», «Los Serrano», «Los hombres de Paco», «La casa de papel», «Vis a vis» y ahora la esperada «El embarcadero» acumulan buena parte de ese millar de capítulos, por lo general con la audiencia de su lado. «Hemos tenido la fortuna de participar casi siempre en las de mayor éxito», comenta Martínez, que admite que se «escaparon» de otro muy reciente «en el último momento». «La música en una mala película nunca llega, por muy buena que sea», añade Santisteban. Y aunque parezca paradójico, también critica cuando hay demasiada música. «Últimamente hay una tendencia negativa a musicalizarlo todo, no sé si por inseguridades o por el cine que se hace». En todo caso, «la obra está por encima de todo».

Roberto Leal: El presentador de moda que no olvida sus raíces

Roberto Leal El año pasado Televisión Española se propuso el reto de recuperar «Operación Triunfo» tras seis años de parón. El talent nació en 2001 y supuso una auténtica revolución musical en su momento. Con el paso de las temporadas el formato se fue desinflando y TVE decidió retirarlo de la parrilla. Para su retorno a escena todos los detalles debían cuidarse al máximo, y un buen presentador sería clave para enganchar a la audiencia. La cadena pública le confío esta tarea a Roberto Leal y, a la vista del éxito de «OT 2017», acertó de pleno. Este sevillano de 39 años vive ahora el punto álgido de su dilatada carrera televisiva. Leal empezó a trabajar en 2001 en los informativos de la delegación andaluza de Telecinco, y desde entonces ha sido reportero y presentador para más de diez programas en Canal Sur, Antena 3, Disney Channel y TVE. Su gracia y desparpajo, su facilidad de palabra y la empatía que es capaz de transmitir le han convertido en el presentador de oro de la cadena pública. Esta semana se ha sabido que Roberto Leal abandona su puesto como presentador en «España Directo» para dejarlo en manos de Ana Ibáñez y Diego Losada. Con la marcha de Eva González a «La Voz», de Antena 3, el sevillano se queda como el gran rostro del entretenimiento de TVE. Además de llevar la batuta en «Operación Triunfo», Leal ejerce de maestro de ceremonias en «Bailando con las estrellas», un programa en el que los famosos españoles se atreven a bailar en distintos estilos. No ha sido nada fácil para el andaluz el camino al éxito. Ser el presentador del retorno de «OT» no es una responsabilidad menor, y Leal sabía que debía ponerse a la altura de sus carismáticos predecesores. Carlos Lozano presentó las tres primeras ediciones de «OT», la época dorada del programa, y Jesús Vázquez de la cuarta a la séptima temporada. Leal fue muy criticado en las primeras galas de «OT 2017» por su nerviosismo y su falta de espontaneidad. La mismísima Rosa de España le recomendó que «cuanto antes te quites el "palito" de ahí, mejor». Su inexperiencia en este tipo de formatos le jugó una mala pasada, pero pronto aprendió las reglas del oficio y demostró sus dotes sobre el escenario. Como él mismo reconocía en una entrevista a ABC, el día que le llamaron para presentar «OT» le tocó la lotería. «En lo profesional está marcando el momento más importante dentro de mi carrera hasta ahora. He tenido muchas etapas buenas, pero esto está siendo diferente porque he encontrado un poco la horma de mi zapato», confesaba el presentador. En esa misma entrevista Roberto Leal habló sobre su gran caballo de batalla como comunicador: el acento andaluz. «Cuando empecé a trabajar en informativos sí que me pidieron que limase un poco el acento, y lo entiendo porque es verdad que todavía había hecho muy poca tele», recordaba Leal, «es cierto que hablaba con un acento un poco más cerrado, pero jamás he renegado y creo que es un error que los andaluces que trabajamos en televisión cambiemos el acento porque se nos nota. Es como si me amputaran un brazo o me faltara algo, una parte de mi. Es como renunciar a mis raíces». Y es que pese a haber llegado a lo más alto, Roberto Leal no se olvida de dónde viene. El sevillano es un tipo humilde, cercano y natural, amigo de sus amigos y muy familiar. En 2015 pasó por el altar para casarse con la también periodista Sara Rubio, a la que conoció cuando trabajaba en «Espejo Público» y con la que tiene una hija. La fama y el éxito no le deslumbram y se mantiene fiel a los suyos: «He tenido la suerte de estar en los mejores programas y productoras y cuando han necesitado gente, me han consultado. Siempre que puedo y siempre que esté en mi mano, voy soltando currículum, dando recomendaciones de personas en las que confío y que creo que les puedes dar esa oportunidad».

Los jóvenes que heredan la España de la Transición: «Nuestra generación tiene que preservar, aceptar y mejorar la herencia que nos dieron»

La España de Francisco Goya se dibujaba cruel, herida por las batallas que enfrentaron al pueblo contra la Francia de Napoleón. También como una nación dividida en una lucha fraticida entre sus ciudadanos. Su cuadro «Duelo a garrotazos» es para muchos la fotografía que desde el siglo XIX define a España como un país al que se le presupone condenado, generación tras generación, a una lucha cainita que desdeña sus logros y sus virtudes. Contra esa fotografía, «La España de Abel» (Deusto, 2018), un ensayo coral coordinado por Juan Claudio de Ramón y Aurora Nacarino-Brabo, recoge los testimonios de cuarenta jóvenes «de todo el espectro ideológico» que ahondan en lo que significa ser español. Voces que diseccionan los acontecimientos de una generación que nació al albor de la democracia y que ponen su vista en el país que está por venir. ¿Con qué objetivo nace ‘La España de Abel’? Juan Claudio de Ramón : El año pasado después de los sucesos del otoño catalán nos dimos cuenta de que a España le faltaba un relato. Se nos ocurrió que una manera interesante de empezarlo era pedir testimonios a gente joven de su manera de vivir España. En el libro se ahonda en la idea de la memoria. ¿Busca borrar el complejo de ser español? Aurora Nacarino-Brabo : Es un libro que surge en un momento que casi podíamos decir que habíamos tocado fondo con los sucesos de otoño en Cataluña. Queríamos señalar aquellas cosas que sí hacemos bien o que sí nos gustan de nuestro país. J.C. de Ramón : Uno de los propósitos era elevar la autoestima. El libro está escrito bajo la hipótesis de que esa falta de autoestima no es necesariamente la norma y que nuestra generación encuentra motivos para sentirse a gusto siendo españoles… No tanto para orgullosos, pero sí afortunados. Muchos de los ejemplos que se citan para referirse a español como identidad son culturales. ¿Es la cultura un elemento de unión en esta generación? A.N-Brabo : Creo que ser español es eso. Puedes ser español de muchas maneras y por eso podemos sentirnos cómodos con la idea de ser español gente muy diversa. Que Machado pueda ser un referente para una generación muy posterior como la nuestra y desde puntos políticos distintos creo que está bien. J.C. de Ramón : Poetas como Machado o Alberti no son patrimonio de ninguna ideología, como tampoco lo son las canciones de Mecano. Son cosas que están para el disfrute de todos. Entonces, ¿la cultura hace patria más que la ideología o la política? J.C. de Ramón : Por supuesto, al final un país donde solamente la ideología contase para trenzar lazos sería un país insufrible. E inviable además. En el libro, y fuera de él, se habla de forma recurrente de reformar la Constitución. ¿Es realmente necesario? ¿La Carta Magna está caduca? A.N-Brabo : Pretender reformar un texto no significa que esté caduco. Las mejores constituciones son aquellas que tienen la flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios políticos y sociales. Hay dos peligros cuando uno habla de la Constitución: uno es pensar que nada de lo hecho tiene validez. Y otro es quizá sacralizarla, porque hacen que sean frágiles. Una constitución de cristal es rígida, pero también es frágil. Sería una buena idea actualizarla pero no emprender un proceso de reforma si no se dan los mimbres para alcanzar un consenso J.C de Ramón : Los problemas que tenemos de convivencia los imputo más a un problema de cultura política que de defectos de la Constitución. Ahora bien, puede no ser el problema pero reformarla allí donde se generen consensos adecuados sí que puede ser parte de la solución. Mirando al futuro, ¿cuál creen, en su opinión y sin ser portavoces de los autores del libro, que es la tarea de esta generación joven que hereda la democracia y Constitución de la Transición? J.C. de Ramón : Preservar y aceptar la herencia que nos dieron la generación constituyente, y mejorarla. A.N-Brabo: Creo que el papel de los jóvenes es siempre ser críticos con el sistema, pero hay un momento en el que tienen que asumir responsabilidades. Cargar el sistema sobre sus hombros. Creo que el 15-M es un momento muy importante en nuestra generación. Seguramente no trajo muchos de los cambios que algunos esperaban pero sí significó una cosa relevante: permitió acelerar un relevo generacional. Creo que nuestra generación tiene que ser protagonista de un nuevo tiempo en España. Para cerrar el círculo… ‘La España de Abel’ nace tras el 1-O y el desafío secesionista. En su opinión, ¿qué ha supuesto en la sociedad española? J.C. de Ramón : Bajo mi punto de vista, el procès nos hizo pensar que España nos gusta más de lo que solemos admitir y que no nos hacía tanta gracia perder el país que habíamos construido. Y no estaba en el guion que hubiera un número considerable de españoles que sacara la bandera, o que la comprase para ir a una manifestación… A.N-Brabo : Por primera vez en décadas se tenía la sensación de que todo se podía ir al traste, y que la respuesta que es capaz de suscitar sea la proliferación de banderas en los balcones o la participación en manifestaciones cívicas creo que es una prueba de madurez democrática.

«Es un despropósito, la orden de Interior pone en riesgo nuestra seguridad»

Detrás de cada agente de la Policía o la Guardia Civil hay una persona que cumple con su trabajo y que al terminar su jornada laboral se quita el uniforme y vuelve a casa con su familia. Por eso en los Cuerpos de Seguridad nadie entiende por qué el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, desprotege la esfera privada de estos trabajadores públicos. El principal punto de fricción es la nueva instrucción del Interior, que interpreta la Ley de Seguridad Ciudadana mediante una circular que despenaliza la toma de imágenes de agentes de los Cuerpos de Seguridad mientras trabajan siempre y cuando no haya un uso posterior «irregular» de dicho material. «La integridad física de cada agente o de su familia puede ponerse en riesgo si nos fotografían cuando estamos de servicio», explica Ramón Cossío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), una de los cuatro sindicatos mayoritarios, junto a la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que se unieron para denunciar, en unidad de acción, la maniobra de Interior. «Es un despropósito», culmina Cossío, en la misma línea que se manifiesta el secretario de comunicación de la UFP, Serafín Giraldo, quien especifica por qué no se puede permitir que se tomen fotografías de los agentes mientras desarrollan su labor. «Si nos fotografían y se identifica personalmente al policía se pone en riesgo nuestra seguridad», subraya Giraldo, quien marca la diferencia entre identificar personalmente y profesionalmente a los agentes: «Entiendo que se identifique el número profesional de cada agente, pero no se puede permitir que nos fotografíen la cara u otros aspectos que puedan permitir que se identifique al agente que está trabajando». Además, el secretario general de CEP, Antonio Labrado, pone en contexto esta polémica decisión para comprender mejor sus quejas: «Ya hemos sido objeto de alguna campaña en redes sociales y por eso es llamativo que desactiven este importante artículo». El malestar, sin embargo, no es exclusivo entre los agentes de la Policía y ayer por la tarde, los principales sindicatos de la Guardia Civil también expresaron su descontento ante la nueva circular con la que Interior interpreta la Ley de Seguridad Ciudadana. «Consideramos que estando en alerta 4 antiterrorista, la Secretaría de Estado de Seguridad debería tener muy presente este hecho para velar por la propia seguridad de los componentes de esta Institución», suscribieron en un comunicado los siete sindicatos principales del Instituto Armado, que también lanzaron una pregunta al Gobierno: «¿Qué significa realmente un uso irregular para que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias? Porque el simple hecho de tomar una instantánea ya supone que una persona tiene en su poder una imagen del agente o de sus familias; imagen que con la tecnología actual puede hacerse viral en redes sociales o internet en cuestión de minutos». En este sentido, Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), manifiesta al ser preguntado por ABC que les desagrada «la desprotección de los agentes en sus funciones, especialmente la indefinición de estos cambios normativos que se pretenden impulsar». Interferencia profesional Las implicaciones de esta nueva circular tienen una doble vertiente. Además de afectar a la vida personal de los agentes, esta nueva interpretación puede dar al traste con investigaciones policiales y así lo ejemplifica Cossío. «Si por ejemplo voy a hacer un registro en un entorno delincuencia yihadista y alguien me graba, no puedo ir al día siguiente a hacer una vigilancia. Si me identifican, la investigación se va al traste y mi integridad física o la de mi familia también puede estar en riesgo», expone Cossío, quien insiste en que los policías necesitan un marco normativo que les proteja «al salir del trabajo». Al margen de estas reclamaciones, extraña también en Policía y Guardia Civil que nadie del Gobierno o el Ministerio haya contactado con ellos para abordar estos cambio, más aún cuando en el Congreso está en marcha una comisión para estudiar su modificación. Ahí, en cambio, sí se pulsará la opinión de los sindicatos mayoritarios de las Fuerzas de Seguridad.

Todos a la cárcel

A medida que el locutorio de la cárcel se convertía en el camarote de los hermanos Marx iba quedando claro que la visita de Iglesias a Junqueras había cambiado de propósito. Ya no se trataba solo de un encuentro más o menos descarado entre el autor intelectual de los presupuestos y el presidente de ERC para negociar la aprobación de las cuentas del Estado. Se había convertido, de hecho, en el primer acto público de una negociación política que pretende hacer posible un acuerdo tripartito -PSOE, Podemos, ERC- para garantizar simultáneamente la estabilidad del Gobierno central, del Gobierno catalán y del Gobierno barcelonés. Ayer se vieron las caras el socio preferente de Sánchez y el líder moral del procés. No fue una conversación de jefes de partido. Fue mucho más que eso. Los interlocutores, uno en nombre de la izquierda y el otro en nombre de la causa independentista, hablaron de algo más que del futuro inmediato. No se trataba solo de discutir si esta legislatura debía acabar en otoño o en primavera, en el 19 o en el 20, con prórroga presupuestaria o sin ella, sino de avizorar lo que podría deparar la siguiente en el caso de que socialistas, podemitas y republicanos sumaran sus fuerzas durante los próximos seis años. El proceso que ayer se puso en marcha entre rejas tiene una trascendencia inimaginable. En caso de que siga adelante, no solo marcará el signo ideológico de la política ordinaria en España durante el próximo sexenio, sino que orientará la solución de la cuestión catalana por caminos difícilmente compatibles con la unidad territorial que hemos conocido hasta ahora. La frontera que se cruzó ayer eleva la apuesta. El truque ya no es un sí a los presupuestos a cambio de la libertad para los caudillos de la rebelión. De lo que se trata ahora es de que el PSOE acabe aceptando el derecho de autodeterminación a cambio de que el independentismo renuncie a la vía unilateral. El acuerdo sería pésimo para España pero muy ventajoso para cada uno de sus firmantes. Sánchez seguiría en La Moncloa, Junqueras -antes o después- se convertiría en presidente de la Generalitat, Ada Colau continuaría siendo alcaldesa de Barcelona y Pablo Iglesias asumiría, de hecho, tres cargos virtuales a la vez: vicepresidente del Gobierno, conseller en cap y primer teniente de alcalde. Lo único que puede frustrar el plan es que un ataque de cuernos lleve a Puigdemont a la guerra abierta con Esquerra o que el electorado socialista castigue la traición de su candidato con un corte de mangas masivo cuando llegue el momento de las urnas. De hecho, a la chita callando, Sánchez ha llevado a su partido al punto exacto en el que se encontraba cuando los barones le expulsaron de la secretaría general en el comité federal de los cuchillos largos. Pidió permiso para una investidura con el apoyo de Podemos y de los independentistas y la respuesta fue la guillotina. Poco más de dos años después, el muerto goza de buena salud, sus verdugos están cautivos y desarmados y la guillotina ha cambiado de cadalso. El único obstáculo que puede impedir el buen fin de la maniobra que ayer comenzó a hornearse en Lledoners es el repudio de los votantes. Sin su apoyo, el castillo de naipes se viene abajo. Por eso precisamente Sánchez tratará de engañarles. Ya se disfrazó de cordero cuando apoyó la aplicación del 155 en tiempos de Rajoy. ¿Pero qué queda ya de aquel aguerrido defensor de la legalidad constitucional? Solo el discurso. Y estoy seguro de que lo mantendrá a machamartillo. Pincho de tortilla y caña a que desmiente que Iglesias haya ido a ver a Junqueras con su aquiescencia, que esté barajando la posibilidad de conceder los indultos o que le parezca bien el despiece de la soberanía nacional que reclaman los costaleros del prcés. Pero su palabra no vale nada. ¿Cuántas veces ha sido capaz de mantenerla? Creer lo que dice ha dejado de ser un gesto de confianza. Ahora es tan solo un síntoma de estupidez.

Puigdemont sopesa adelantar las elecciones autonómicas al 23 de diciembre

Tras haber perdido Carles Puigdemont la autoridad política y moral que hasta ahora tenía para controlar a Esquerra y a su propio partido, el expresidente de la Generalitat estudia con su círculo de confianza la posibilidad de dar un golpe de efecto convocando elecciones para el próximo 23 de diciembre. Tal convocatoria se produciría, en el caso de que finalmente la decisión se tomara, entre los días 27 y 28 de este mes. El día 6 de diciembre, justo la víspera del día en que oficialmente comenzaría la campaña electoral, los convergentes tienen reservado el Palacio de congresos de Barcelona. Y aunque es cierto que esta reserva podría haberse hecho para presentar la plataforma de confluencia independentista con que Puigdemont querría ampliar su influencia política desde Waterloo, la Crida, todavía lo es más que hay poco que presentar porque de momento nadie ha querido confluir en ella: ni Esquerra, que además le ha retirado su derecho a voto en el Parlament, en cumplimiento de lo dispuesto por el juez Llarena, ni siquiera su propio partido, el PDECat. Con la convocatoria electoral, Puigdemont calcula que volvería a tensar a sus bases, algo deshilachadas como se pudo ver por la poca afluencia que tuvieron los actos de homenaje al primer aniversario del encarcelamiento de los Jordis. Igualmente, podría acabar de marginar al PDECat en su lista electoral. A Esquerra, que todavía no tiene un candidato claro -lo más probable es que fuera Roger Torrent, el actual presidente del Parlament- podría pillarla a traspié y abrumarla acusándola de «colaboracionista con los españoles». También Puigdemont considera que convocando para finales de diciembre podría dejar en fuera de juego a los independentistas radicales que le acusan de tibio y de «procesista», concentrados alrededor de la candidatura de Jordi Graupera para el ayuntamiento de Barcelona, en tanto que la absoluta prioridad para el catalanismo son las elecciones autonómicas. El expresidente valora también que Vox no tendría tiempo de asentarse en Cataluña, ni de haber encontrado a un candidato conocido y atractivo. Del mismo modo, entiende que el discreto papel que Inés Arrimadas ha jugado como jefa de la oposición le haría perder algunos escaños, tal como de hecho sugieren todas las encuestas. Para el independentismo sería una victoria de alto valor simbólico que Ciudadanos dejara de ser la primera fuerza política de Cataluña y Puigdemont estima que convocando para justo antes de Navidad podría conseguirlo. Por su parte, personas de la máxima confianza del forajido han empezado a alisar el terreno para este anticipo: Josep Costa, vicepresidente del Parlament, ha escrito en Twitter que «cuanto antes reconozcamos que no podemos gobernar con normalidad, mejor para el país», y Agustí Colomines, el principal ideólogo de la Crida, habló el miércoles de los muertos que cuesta la independencia, signo inequívoco de un cierto fin de trayecto. Como candidato, en contra del PDECat y de Junts per Catalunya, Puigdemont sería partidario de mantener a Quim Torra. El expresident no se fía de Elsa Artadi ni de su entorno, por considerarla poco leal y capaz de ningunearlo cuando consiga ser presidenta. Además, piensa de ella -según le confesó a uno de sus más estrechos colaboradores- que «es una oportunista que en el fondo tiene de independentista lo que el ABC». Pero de todos modos, el nivel de improvisación, de personalismo y de desconfianza es tal que Puigdemont tampoco está seguro de que Quim Torra le obedeciera si le diera la orden de convocar ahora las elecciones. El mismo estrecho colaborador del expresidente opina que Torra «fue durante muchos años el director general de una compañía de seguros y que está por lo tanto acostumbrado a vender humo y a eliminar a competidores. Si Torra desobedeciera a Puigdemont, le administraría una puñalada letal, tanto a él como a los que, como David Madí -vieja guardia convergente, mano derecha de Artur Mas- intentan decirle lo que tiene que hacer como presidente». Aunque la decisión no está aún tomada, Puigdemont está dispuesto a todo -incluso a correr el riesgo de una cierta pérdida de escaños- para que la recuperación de algo de normalidad en la vida pública catalana no acabe por apagar su cada vez más débil llama.

Las claves del recurso del PP contra la sentencia de Gürtel

El Partido Popular ha pedido al Tribunal Supremo que repita el juicio por la primera época de la trama Gürtel , en la que esta formación resultó condenada como partícipe a título lucrativo. Considera que el tribunal que juzgó a los 37 acusados, entre ellos el líder de la red corrupta, Francisco Correa, y al extesorero Luis Bárcenas, tiene «apariencia de parcialidad» porque uno de los jueces, José Ricardo de Prada, ha «coadyuvado» para el cambio de Gobierno a favor del PSOE. Así lo expone en el recurso de casación que ha presentado ante el Alto Tribunal y al que ha tenido acceso ABC. «El señor De Prada ha sido elegido por la ministra de Justicia (...) como uno de los cuatro miembros externos de la comisión para restablecer la justicia universal. Constituye un hecho notorio que las improcedentes afirmaciones de la sentencia que recurrimos sobre la supuesta actuación del Partido Popular han tenido una enorme trascendencia política y han coadyuvado en no poca medida a un cambio de gobierno en favor del Partido Socialista Obrero Español», sostienen los servicios jurídicos de Génova. Juicio paralelo Se refiere el PP a las afirmaciones sobre la supuesta Caja B del PP que De Prada, ponente de la sentencia, vierte en el fallo, cuando se trata de un procedimiento que todavía no ha sido enjuiciado. El partido ha sufrido «un auténtico juicio paralelo carente de toda garantía y justificación», señala la defensa de los populares. Y ello porque «una cosa es considerar que el PP se enriqueció con los servicios prestados en Majadahonda y Pozuelo» (cuestión que el recurrente no comparte pero que sí forma parte de los hechos enjuiciados) y otra, «de una gravedad difícil de exagerar», es que a un responsable civil «se le atribuyan en la sentencia supuestas conductas delictivas que no se están enjuiciando y que ni siquiera se están considerando a efectos de generadoras de daños indemnizables», señala en relación a las afirmaciones «indirectas y directas» relativas a la posible comisión de delitos por parte del PP. En este sentido, señala que las referencias al «contexto en el que se desarrolló la actividad delictiva del grupo Correa y su relación con el PP» no eran necesarias y obedecían a «una decisión implícitamente acusatoria y, por ello, parcial del propio tribunal». El escrito se hace eco de cómo antes de la redacción de la sentencia ya «se cuestionó la suficiente imparcialidad subjetiva» de De Prada por su «conocida amistad» con el exjuez Baltasar Garzón, primer instructor de la trama Gürtel, cuya actuación ha sido puesta en duda en reiteradas ocasiones por varios de los acusados. El partido pide al Supremo que retrotraiga las actuaciones a antes de la vista oral «para que la causa sea enjuiciada por un tribunal sin apariencia de parcialidad» o que alternativamente se vuelva a dictar una nueva sentencia en la que «se omita todo hecho del Partido Popular y toda la calificación del mismo que sea ajena al objeto propio de la causa de evaluación de su participación a título lucrativo». El juicio de Gürtel se saldó con una multa al PP de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo, al considerar que se benefició de los actos electorales de 2003 que sufragaron las empresas del grupo Correa en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Esta decisión contó con el voto discrepante del presidente del tribunal, Ángel Hurtado. Durante la vista oral el abogado del partido alegó que las decisiones sobre las campañas electorales fueron adoptadas por sus corporaciones municipales. También que su responsabilidad civil está prescrita, un argumento que ahora vuelven a exponer. Estas son las tres claves del recurso del PP: La sospecha sobre De Prada En su escrito el PP duda de la imparcialidad de José Ricardo de Prada, algo que, recuerda, ya se puso de manifiesto al inicio de esta vista, en la que llegó a estar recusado por alguno de los procesados. Considera que la amistad de este juez con Garzón, primer instructor del caso Gürtel, le inhabilita para juzgar a esta formación. A ello se suma que las afirmaciones que vertió en la sentencia, de la que fue ponente, propiciaron la moción de censura que se saldó con el cambio de gobierno. Una vez constituido el nuevo, la ministra de Justicia cuenta con él como asesor en justicia universal. Los otros expertos son del entorno de Garzón. Un precedente «intolerable» Los servicios jurídicos del partido ponen de manifiesto que en la sentencia se atribuyen al PP conductas delictivas que no se estaban enjuiciando. «Si se tolerara un precedente como este resultaría que el mero beneficiario de un alquiler muy barato de un piso, que lo es porque proviene como efecto de delitos de tráfico de drogas, terrorismo o prostitución, podría encontrarse con que la sentencia lo condena como partícipe a título lucrativo, pero los hechos y fundamentación jurídica le atribuye un rol de traficante de drogas o financiador de terrorismo, porque ello ayudaba a entender el contexto de su enriquecimiento injusto». «Nadie del PP encargó esos actos» Los populares niegan haberse beneficiado de los actos electorales que sufragaron las empresas de Correa. «No eran actos del PP porque no eran actos encargados por nadie del partido con poder para autorizarlo». Además de alegar que la responsabilidad civil estaría prescrita, señala que la Fiscalía carecía de legitimación para actuar contra el PP porque «los ayuntamientos perjudicados habían renunciado a tal reclamación con la delimitación de sus responsabilidades civiles». «En una concepción democrática del ordenamiento procesal civil debe interpretarse que no cabe que el Ministerio Fiscal entable dicha acción civil».

Así se entregó el narco más buscado: «Estaba harto de ir en el maletero del coche»

Una maleta atestada de ropa «como para quince años», una colla custodiándole en su barrio, San Bernardo, mirando al mar de La Línea y el último gesto de chulería. Así se despidió de la libertad Francisco Tejón Carrasco, Isco, el narco mayor del clan de los Castaña, el miércoles en la puerta del restaurante Mireia. Allí lo recogió un coche policial, como se había acordado con su abogado. Llevaba desde octubre de 2016 en busca y captura y varios meses intentando trapichear su entrega. «Nos dijo que estaba harto de ir de un lado a otro en el maletero de un coche y de moverse tapado con un casco de moto, escondido como una rata», cuentan fuentes policiales. Cuatro meses después de que hiciera falta un miniejército de policías para capturar a su hermano Antonio Tejón en una casa de La Línea, convertida en fortaleza gracias a la protección al narco, la entrega de Francisco ha causado más que sorpresa. Los investigadores insisten: no hay ningún pacto, los Castaña llevaban mucho tiempo queriendo llegar a un acuerdo pero lo que pedían era inasumible. «Su aspiración era no entrar en prisión. Ninguno de los dos. Luego ofrecieron que entrara Antonio e Isco siguiera libre con fianza», detallan quienes conocen el proceso. Dos años de fuga Los traficantes a los que se atribuye el control del 60 por ciento del hachís que entra en España y que han acumulado una fortuna de entre 20 y 30 millones de euros han sorteado la acción policial y hasta ahora habían ganado. «Es un éxito que pasen una temporada entre rejas sin condena teniendo en cuenta lo escasa que es la prisión preventiva en este tipo de narcotráfico». Isco se fugó, igual que Antonio, en octubre de 2016 cuando les avisaron de que los investigadores del Greco Costa del Sol y de La Línea les pisaban los talones. Huyeron a Marruecos y se refugiaron en Tetuán donde Antonio Tejón cayó junto a otros nueve miembros de su organización, gracias a una cita amorosa. Una de sus mujeres, Zaraida fue a reunirse con él y eso le costó la libertad. La misma razón por la que fue detenido en junio. Había quedado con Patricia, madre de dos de sus siete hijos, ajeno a que en el amor se interponían casi cien policías armados. Su hermano Isco no acudió a la cita de Tetuán y desde entonces estaba en busca y captura. Los agentes expertos en drogas califican la operación de entrega como un «mercadeo». Hay mucho donde pescar, muchísimo dinero y esa es la clave. En nombre de Isco, cierto o no, han hablado abogados ajenos a la causa, confidentes, e incluso otros delincuentes tratando de buscar el favor y el premio. «Han llamado a puertas de Guardia Civil, de Policía, de Fiscalía, tanto en La Línea como en Madrid», confirman fuentes policiales. «Son dos pringados -resume un investigador-, pero dos pringados con mucho dinero, capaces de comprar favores. Para ellos el viaje de su vida es ir a ver un partido de fútbol a Madrid y comerse una mariscada». Lujo cañí. Barbacoa y cochazo, como mucho una escapada a Marbella. Los agentes recuerdan con amargura aún la entrega pactada el año pasado de Abdelah el Haj, alias «el Messi», que quedó en libertad tras pagar 80.000 euros de fianza y sigue alijando hachís. «Estos pensaron que ellos no iban a ser menos». El «mercadeo», como lo llaman, culminó hace dos semanas cuando se ultimaron los detalles de la entrega con Fiscalía y con el comisario de La Línea. Isco estaba dispuesto a presentarse en comisaría, pero se decidió que era arriesgado. «Solo faltaba que lo hubieran detenido en un control de tráfico, después de tanto», ironizan. No quería ser preso FIES Al mayor de los Castaña no le hizo ninguna gracia que le colocaran las esposas y preguntó si era necesario. En su maletón con vistas a una celda había metido hasta la almohada. Le invitaron a que aligerara el equipaje. Cuando subió esposado al coche les dijo que su intención al aparecer en un vídeoclip del cantante de origen cubano Clase A rodeado de mujeres semidesnudas no era ridiculizar a la Policía. El vídeoclip de reguetón que se conoció a primeros de mes no ha acelerado este proceso, según las fuentes, pero sí ha servido para intentar saber más. Clase A fue llamado a declarar a la comisaría de La Línea. Acudió con su abogado, asustado. Aseguró a los agentes que él no sabía quién era Isco Tejón y mucho menos que estaba en busca y captura. El narco le contrató mucho antes (Isco también lo ha reconocido) para que actuara en la comunión de uno de sus hijos a ritmo de reguetón. «¿Y el personal que aparece viene contratado ya o quién lo paga?», se le preguntó. El cantante alegó que eran amigos suyos. Los investigadores sospechan que las mujeres que posan en escenas sexuales pueden trabajar en alguna de las casas de citas que controla el clan. Isco está ya en prisión. Como Antonio. Isco insistió en que no quería ser un FIES (sometido al máximo control) como su hermano.

Malestar de los jueces porque la reunión «puentea» al Supremo

La reunión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el exvicepresidente Oriol Junqueras en prisión ha creado malestar en los jueces al considerar que implícitamente se está incumpliendo la resolución judicial que suspendió de cualquier cargo público de forma cautelar al número dos de Puigdemont. En este sentido, la visita de Iglesias a Junqueras no es un encuentro informal, recuerdan, sino que ha ido a tratar de convencerle para que su partido dé el visto bueno a una ley de una importancia vital, la de Presupuestos. Para el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, este encuentro «no es correcto ni respetuoso con los principios básicos del ordenamiento jurídico constitucional». «Se trata de negociar una ley fundamental para el país con alguien que provisionalmente está suspendido de cualquier función pública, lo que se puede interpretar como un intento de puentear la disposición legal que lo prevé y la resolución judicial que lo acuerda». Se refiere Almenar a la inhabilitación provisional acordada el pasado julio por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del sumario del «procés». Se trataba de la primera vez que se aplicaba el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión automática para ejercer cargo público de los procesados por rebelión sobre los que se haya decretado la prisión provisional. De ahí que ni Junqueras ni los cuatro presos que son diputados puedan ejercer como parlamentarios. El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, considera paradójico que tenga que opinar sobre unos Presupuestos del Estado quien está en prisión preventiva por haber presuntamente haber atacado a ese mismo Estado. Prado recuerda que cuando las asociaciones de jueces se reunieron hace unos días con la ministra Dolores Delgado se les transmitió que no había más dinero para justicia. Considera «llamativo» que en los Presupuestos se contemplen partidas que están relacionadas con los políticos presos por violentar el Estado de Derecho y que no se dé un euro a quienes han defendido, especialmente en los últimos tiempos, ese Estado de Derecho. «Que un dirigente político se entreviste con alguien que ha luchado contra el propio Estado es llamativo», insiste el portavoz.

El Gobierno socialista portugués planea vender uniformes militares y de policías en internet

La voracidad recaudatoria del Gobierno socialista portugués va a más, en vista de los nuevos modelos que incluyen los Presupuestos Generales del Estado para 2019. El proyecto más sorprendente pasa por la creación de una plataforma en internet para comercializar la venta de uniformes militares y de policías. Así, el gabinete liderado por el primer ministro, António Costa, espera obtener unos tres millones de euros, de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Administración Interna. El caso es que los actuales cauces de adquisición no siempre dan el resultado correcto y la realidad indica que los profesionales se ven obligados a recurrir al «mercado negro» para satisfacer sus necesidades. Un portavoz de la Asociación Sindical de los Profesionales de la Policía (ASPP) dice que así se solucionarán las dificultades de muchos agentes cuando necesitan remiendos o una sustitución inmediata. «No saben adónde acudir y ahora ya estará todo claro», explica en medio de la polémica generada en las redes sociales, que apunta a términos como «¿no tiene otra cosa en que pensar el Gobierno?» o «con tal de sacar dinero, venden lo que haga falta». Dentro del colectivo, ya se alzan voces discordantes, tal cual abandera el vicepresidente de la Asociación de Profesionales de la ciudad de Guarda, quien declara: «No creo que esto sea viable a corto plazo, y tampoco pienso que va a servir para nada». Los cálculos oficiales cifran en 20.000 los uniformes que son precisos actualmente, sobre todo en el seno de la Guardia Nacional Republicana (GNR), donde sus polos azul claro se desgastan con facilidad tras varios lavados, en función de las quejas de los profesionales. De cualquier forma, la puesta en práctica de la plataforma online por iniciativa gubernamental no deja de causar estupor más allá del sector militar y de seguridad. La medida recaudatoria se implementa en un contexto en el que aumentará próximamente la tasa turística (de uno a dos euros) y hasta el impuesto para bebidas azucaradas incrementa sus porcentajes. Hasta ahora, eran los impuestos indirectos las medidas estrella en este sentido, pero la fundación de nuevos modelos de negocio en internet puede abrirse camino como una flamante vía, por lo menos en lo que se refiere a las actividades relacionadas con los cuerpos del Estado.

Los seguidores de Bolsonaro acosan a una periodista por denunciar corrupción en su campaña

La periodista brasileña Patrícia Campos Mello, ganadora del Premio Rey de España, está siendo víctima de una persecución digital de militantes del candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, tras desvelar una trama de malversación de fondos de campaña para propagar noticias falsas contra el opositor Partido de los Trabajadores (PT) a través de la red WhatsApp. Según el reportaje, publicado en el diario «Folha de São Paulo», empresarios vinculados a Bolsonaro, favorito en las encuestas, pagaban unos 3 millones de euros, por empresa, para lanzar mensajes en masa contra el PT y su candidato, Fernando Haddad, que no despega en las encuestas. El artículo, que ha tenido fuerte repercusión en la recta final de la elección, los pagos serían reforzados la próxima semana, cuando debe terminar la campaña. «Cientos de usuarios hacen comentarios despectivos y ofensivos, además de amenazas en las redes de la periodista», denunció la Asociación Brasileña de Periodistas Investigativos (Abraji), que condenó la persecución a Campos Mello como un daño a la sociedad, con el hashtag #marqueteirosdebolsonaro (publicistas de Bolsonaro). En febrero, Campos Mello ganó por unanimidad el Premio de Periodismo Digital Rey de España por el reportaje «Un mundo sin muros», en el que denuncia el aumento de las barreras físicas que separan sociedades en diferentes lugares del mundo y sus consecuencias, especialmente entre pobres, emigrantes y refugiados. Es una de las periodistas brasileñas más importantes de su generación, con reportajes en zonas de conflicto tanto en Oriente Medio como en Sierra Leona, donde cubrió la epidemia de ébola. Los desvíos de campaña El candidato del PT, Fernando Haddad acusó a Bolsonaro de «crear una organización criminal» para mentiras contra él en Whatsapp y llevó una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), para pedir la impugnación de su contrincante a diez días del pleito. Según la última encuesta, Bolsonaro y Haddad llegarán a las urnas el 28 de octubre, con un 59% y 41% de los votos, respectivamente. Haddad y su partido se aferran a esta noticia como una de las últimas posibilidades para remontar, pues la práctica denunciada, de donaciones no declaradas, es considerada ilegal. «El periódico comprueba que mi adversario creó una organización criminal de empresarios, que, mediante fondos en negro, están patrocinando mensajes por Whatsapp mentirosos», aseguró el exalcalde de São Paulo. El reportaje menciona la participación de varias empresas, entre ellas, la cadena de magazines Havan, cuyo dueño, Luciano Hang, apoya abiertamente a Bolsonaro. El empresario fue amonestado recientemente por el tribunal electoral, por obligar a sus empleados a votar en su candidato, bajo la amenaza de despedirlos. En un vídeo contra «Folha de São Paulo», el empresario usó las páginas del diario, uno de los más respetados de Brasil, para envolver pescado y dijo que servía también para limpiar excrementos de perro. Ataques a la prensa La prensa ha sido, en general, uno de los principales blancos de Bolsonaro y sus militantes, que han desatado una campaña incontrolable en redes sociales, como Twitter, facebook y especialmente WhatsApp, donde se propalan con más fuerza las Fake News. La Abraji ha denunciado un aumento de los números de acoso y agresiones contra periodistas, como fruto de las elecciones más tensas y polarizadas que vive Brasil. Por lo menos 140 periodistas han sido atacados en lo que va del año, inclusive por figuras públicas vinculadas a Bolsonaro, como su hijo Eduardo, que acaba de elegirse al Congreso. La periodista Joice Hasselman, también cercana a Bolsonaro y también electa al parlamento, es otra de las citadas por Abraji, por perseguir y censurar colegas. El Movimiento Brasil Libre (MBL), grupo conservador nacido en las protestas de 2014 contra el PT, emitió un expediente con una lista de periodistas que considera de «izquierda» o de «extrema izquierda», informa la dirección de Abraji en un documento. «El caso más reciente es el de una periodista pernambucana, agredida y amenazada de violación por parte de partidarios del candidato a la presidencia Jair Bolsonaro», dice la nota sobre uno de los ataques físicos a periodistas el mismo día de la elección. Sobre los casos de violencia y la compra de mensajes en WhatsApp, el candidato Bolsonaro se ha limitado a comentar que no tiene cómo controlar a su militancia.

La Justicia europea anula la purga de jueces en Polonia

El Tribunal Europeo de Justicia anunció ayer que ha ordenado a Polonia que anule las jubilaciones forzosas y los nombramientos de nuevos jueces del Tribunal Supremo, una decisión de altísimo calado que pone al Gobierno nacionalista de Varsovia en una situación muy comprometida. La decisión de la máxima instancia judicial comunitaria responde a una demanda interpuesta por la Comisión Europea, al considerar que esa reforma judicial es contraria a los principios esenciales de la legislación europea. El Tribunal de Luxemburgo afirma en su requerimiento que la suspensión de los nombramientos y destituciones de jueces debe tener lugar de forma «inmediata» porque de otro modo pueden producirse daños irreversibles a los ciudadanos a través de sentencias que podrían ser invalidadas porque estima que la situación actual no garantiza la independencia judicial. El primer ministro polaco, Mateus Morawiecki, que se encontraba ayer en Bruselas en la reunión con los líderes de países de Asia (ASEM) dijo que su Gobierno hará «un análisis en profundidad» de una decisión que considera como privisional, porque -es verdad- los jueces no han escuchado todadvía los argumentos de las autoridades de Varsovia. Morawiecki dijo que contempla «varias opciones», pero que en todo caso su gobierno «responderá» a la decisión de los jueces. Desde la capital, el portavoz de la presidencia de la República ha dado a entender que podrían aceptar una reforma de la ley sobre el Tribunal Supremo de la que emanan las decisiones cuya suspensión se exige. En efecto, la decisión de ayer no es definitiva y los jueces de Luxemburgo anuncian que esta será tomada «más adelante». Pero mientras tanto exigen que los jueces enviados a la jubilación forzosa deben ser repuestos en sus anteriores destinos. Por otro lado, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha dictaminado que la reforma judicial de Rumanía no cumple con los preceptos esenciales y que podría favorecer la impunidad de los delitos de corrupción. «Muchas de las enmiendas proyectadas en el Codigo Penal cuestionan seriamente la eficacia del sistema judicial para luchar contra la corrupción, los delitos violentos y el crimen organizado», afirma el informe de este organismo independiente. Rumanía vive una turbulenta situación en la que la primera ministra socialista, Viorica Dancila, se va enredando. El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, advirtió que el Ejecutivo comunitario no se andaría con paños calientes si el informe era crítico,, como así ha sido.

En libertad el clérigo islamista más peligroso de Reino Unido

El clérigo radical británico Anjem Choudary salió ayer de prisión tras haber cumplido solo la mitad de su pena. Condenado a cinco años y medio de prisión en 2016 por promover el apoyo a Daesh, finalmente, solo ha pasado en prisión algo más de dos años. Sonriente y saludando a los medios de comunicación que se habían congregado a las puertas del centro, Choudary abandonó ayer la cárcel de Belmarsh, al sureste de Londres, para ser llevado a un albergue donde estará vigilado de forma continuada antes de que pueda volver a su hogar en unos meses. Choudary, de 51 años, era considerado el propagandista más mediático de Reino Unido y entre sus «discípulos» se encuentran varios británicos que viajaron a Siria para unirse a los terroristas del Daesh. Presuntamente la influencia de las proclamas del imán llegó hasta Khuram Butt, uno de los terroristas del atentado del Puente de Londres en junio del año pasado en el que murieron ocho personas. Según la condena, el clérigo instó a decenas de jóvenes a través de las redes sociales a obedecer al autodenominado califa Abu Bakr al Baghdadi. La puesta en libertad de Choudary viene acompañada de varias medidas dedicadas a que no pueda volver a influenciar y para ello estará fuertemente vigilado. De hecho, el tribunal le ha impedido hacer cualquier declaración pública como también le ha prohibido aparecer en medios de comunicación o en las diversas plataformas online que habituaba. El clérigo será llevado a un centro donde permanecerá al menos seis meses y desde donde será trasladado con su familia, que permanece escondida por miedo a represalias. Las autoridades advirtieron que en caso de ser descubierto en esta nueva localización tendrá que ser reubicado. Además, entre esas medidas está la de presentarse a sus supervisores a lo largo del día para evitar que salga de Londres. Dos millones de euros en vigilancia Por lo demás, los servicios de inteligencia, en colaboración con los agentes de policía, han creado un plan específico de 25 normas para mantenerle controlado. Entre ellas, se incluye la prohibición de hablar con menores y utilizar internet. Sólo se le permitirá asociarse con personas que hayan sido aprobadas por las autoridades. La vigilancia a Choudary conllevará un coste que superará los dos millones y medio de euros. Choudary había estado recluido en una prisión de alta seguridad hasta hace unas semanas cuando fue trasladado a la capital británica. Durante el tiempo que pasó en ese centro, situado en Frankland (al norte de Inglaterra), contó con un plan enfocado a intentar disuadirle de la vida que tenía en el pasado, cuando llamaba a los jóvenes a que siguieran sus convicciones. Citando fuentes antiterroristas, «The Telegraph» apunta a que, aunque haya sido puesto en libertad, se trata de un «terrorista peligroso y que ha tenido una enorme influencia en el extremismo islamista en Reino Unido». Las autoridades británicas están seguras de que podrán controlar al clérigo y de evitar que vuelva a las andadas. Así y todo, el secretario de estado de Prisiones, Rory Stewart, ha advertido que Choudary sigue siendo «muy peligroso» y que, por eso, será «vigilado muy de cerca» por los servicios de inteligencia. Entre los medios persisten las dudas de que la estancia en prisión haya cambiado la mentalidad de Choudary. En el otro extremo, y para calmar la cierta psicosis que ha supuesto su puesta en libertad, el jefe de la policía metropolitana Mark Rowley ya ha anunciado que no se trata de «un genio maligno por el que todos debamos estar asustados sino de un patético acosador».

La desaparición del periodista Khashoggi puede costarle el trono a Mohamed Bin Salman

La desaparición de Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí ha provocado un terremoto interno en la cúpula de la casa real en Riad. Los planes de reformas económicas y apertura social dirigidos por Mohamed Bin Salman (MBS) están en serio peligro y el propio príncipe heredero se ha convertido en la mayor amenaza para que salgan adelante. Este joven de 33 años, que desde enero de 2015 dirige el país con puño de hierro es también el principal sospechoso de haber ordenado el asesinato del periodista y esto ha llevado a su padre, el rey Salmán, de 82 años y enfermo de Alzheimer, a tomar cartas en el asunto. En medio del silencio oficial, el monarca ha tomado una decisión que ha alentado incluso los rumores en la prensa árabe sobre una posible sustitución en la línea sucesoria tras ordenar a otro de sus hijos, Khaled Bin Salman, de 30 años y actual embajador en Estados Unidos, que vuelva a Riad. Khaled Bin Salman ha sido una de las pocas voces oficiales que se han referido al caso Khashoggi. Lo hizo en los primeros días para defender la posición oficial saudí que aseguraba que el periodista salió del consulado, una versión que ya pocos creen después de más de dos semanas en las que las filtraciones realizadas por fuentes turcas a los medios refuerzan la hipótesis de que fue asesinado de forma salvaje. La agencia Reuters consultó a varias fuentes próximas a la casa real que, bajo condición de anonimato, confirmaron que el rey «ha tenido que tomar las riendas del asunto». Un de las fuentes explicó que «aunque MBS quería mantener el caso lejos del rey, no pudo porque la historia de la desaparición del periodista estaba en todos los canales árabes y saudíes que veía el rey». Así, «el rey comenzó a preguntar a sus asesores» y finalmente fue su hijo quien le pidió ayuda «cuando el caso se convirtió en una crisis global». Búsqueda en un bosque Las turbulencias en la casa real saudí se acentúan mientras en Estambul los empleados turcos del consulado tuvieron que acudir a testificar ante la fiscalía, un paso más en una investigación que esta semana ha estado centrada en los registros al edificio y a la vecina residencia del cónsul. En total fueron interrogados 15 miembros del personal del consulado, según la televisión NTV. Los investigadores extendieron la búsqueda de pruebas al bosque Belgrado, en la orilla europea de la ciudad en la que desapareció Khashoggi el 2 de octubre. Tras haber analizado los informes del secretario de Estado, Mike Pompeo, que ha viajado a Riad y Ankara, Donald Trump admitió por primera vez que el periodista «parece estar» muerto y advirtió sobre las consecuencias «muy graves» para Arabia Saudí en caso de que se demuestre que es responsable. El presidente pidió a Turquía que entregara a su país las grabaciones sonoras que, según fuentes anónimas próximas a la investigación, recogen el interrogatorio, tortura y descuartizamiento de Khashoggi, pero el ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, declaró que no se ha entregado ningún material «ni a Pompeo, ni a ningún otro responsable estadounidense». El viaje del secretario de Estado también fue clave para que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciara que no acudirá a la conferencia de la Iniciativa de Inversión Futura de la próxima semana en Riad, que los medios bautizaron como el «Davos del desierto». La espantada de Mnuchin se suma a las de los ministros de Gran Bretaña, Francia y Holanda, así como a varios líderes de algunas de las empresas más importantes del mundo.

La Caravana de hondureños que desafía a Trump llega a México

La caravana de centroamericanos, mayoritariamente hondureños, sigue su camino hacia Estados Unidos y se encuentra en el municipio guatemalteco de Tecún Umán, población fronteriza con el Estado mexicano de Chiapas. De acuerdo con Luis Videgaray, el canciller mexicano, la caravana estaría compuesta ya por cerca de 4.000 personas, el doble que el número 2.000 inmigrantes que habían sido contabilizados el martes pasado. Y el grupo podría aumentar aún más hasta rondar las 5.000 personas el fin de semana, según afirmó el padre Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en Guatemala, a varios medios locales. Lejos de frenar las ansias por llegar a Estados Unidos, las amenazas del presidente Donald Trump de que parará la caravana han generado un «efecto llamada» que atrae a miles de personas a unirse a la «Caminata del migrante», un movimiento que había pasado prácticamente desapercibido hasta que Trump presionó con cortar millones de dólares en ayudas a los países del Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Honduras y Guatemala– si no detenían al grupo. Muchos centroamericanos ven esta caravana como una forma segura para atravesar México. Médicos Sin Fronteras (MSF) estima que 7 de cada 10 inmigrantes que cruzan el país azteca con destino al norte son víctimas de algún tipo de violencia, razón –sumada a la dura política migratoria de Trump– que ha provocado que las peticiones de asilo en México hayan crecido un 66% en 2017, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Como solución al problema, Videgaray ha propuesto que México tramite v isados de refugiado para los cerca de 4.000 integrantes de la caravana, un estatus que les permitiría ser residentes y trabajar en el país. De obtener este estatus, los miles de centroamericanos perderían un importante aliciente para seguir a Estados Unidos porque perderían toda oportunidad de solicitar una visa de refugiado en la primera potencia ya que tendrían de modo seguro una en México. Frenarles significaría además un triunfo para la dura campaña que ha emprendido Trump contra la inmigración ilegal de cara a las elecciones parlamentarias en EE.UU. del 6 de noviembre. Videgaray aseguró que Acnur brindará apoyo a México en este acuerdo que todavía está por definirse pero que espera ultimar con Estados Unidos en las próximas horas. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió el viernes con diversos funcionarios de México en una reunión en la que discutieron un acuerdo para que el país azteca absorba este contingente de centroamericanos. El clima de elevada violencia es, según MSF, la principal razón por la que los centroamericanos abandonan sus países en dirección al norte. Precisamente, la caravana salió la semana pasada de San Pedro Sula, Honduras, considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. A pesar de que Honduras consiguió reducir en un 26% los homicidios en 2017, el año pasado fueron asesinadas un total de 3.791 personas debido a las guerras entre las pandillas –o maras– por controlar el tráfico de drogas y el territorio. Asimismo, la inseguridad fue en 2017 el asunto que más preocupó a los salvadoreños, en un año que cerró con un total de 4.000 muertes violentas por causas similares a las de Honduras. De hecho, los tres países del Triángulo Norte adolecen de problemas similares (pobreza, corrupción e inseguridad) y, por eso, Estados Unidos inyecta millones de dólares en diversos programas para tratar de dotar de estabilidad política y social a estas naciones.

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2007 José Antonio Carrasco Castaño